El documento fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales
La Cámara de Diputados avaló, con 338 votos a favor, 114 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, con el objetivo de fortalecer las facultades de fiscalización y combatir la subvaluación de mercancías, el contrabando y el llamado huachicol fiscal.
El dictamen, presentado por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, plantea eliminar el actual umbral del 50 por ciento en materia de valoración de mercancías para ampliar la capacidad de la autoridad aduanera de iniciar procedimientos de comprobación.
De acuerdo con el legislador, la medida busca evitar que los importadores declaren mercancías por debajo de su valor real para reducir el pago de contribuciones.
Sostuvo que la subvaluación afecta la recaudación, a la industria nacional y a las empresas que cumplen con sus obligaciones.
La propuesta también incorpora un régimen sancionatorio para determinadas infracciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos, con multas de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de las mercancías.
Añadió que esto es para fortalecer el combate a esquemas vinculados con el huachicol fiscal.
El partido Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldaron el dictamen, al argumentar que la reforma no crea nuevos impuestos y busca fortalecer las herramientas de fiscalización para que los importadores paguen las contribuciones que legalmente corresponden.
En contraste, Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron su voto en contra, pues coincidieron en la necesidad de combatir la subvaluación y el contrabando, pero cuestionaron que la reforma amplíe las facultades de la autoridad sin establecer controles suficientes.
La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Flores Elizondo, advirtió que eliminar el límite del 50 por ciento podría facilitar el embargo de mercancías por diferencias de precio que no necesariamente constituyen fraude, debido a que pueden existir descuentos por volumen, liquidaciones o acuerdos comerciales.
El priista Christian Castro Bello señaló que una medida precautoria no debe convertirse en una sanción anticipada, debido a que la retención de mercancías puede generar costos de almacenamiento, afectar cadenas de suministro y poner en riesgo la operación de pequeñas y medianas empresas.
Desde el Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó los posibles efectos de la reforma sobre el comercio exterior y la recaudación; asimismo, advirtió que un mayor uso del embargo precautorio podría ralentizar las operaciones aduaneras y afectar la liquidez de las empresas.
En respuesta, el partido Morena defendió el endurecimiento de las sanciones para las operaciones irregulares con hidrocarburos y petrolíferos, así como las nuevas herramientas de fiscalización previstas.
La diputada morenista Claudia Rivera Vivanco defendió la reforma al señalar que forma parte de una estrategia para combatir la corrupción y la evasión fiscal sin aumentar impuestos.
Afirmó que México debe proteger a sus productores, comerciantes y empresas nacionales frente a prácticas de competencia desleal.
Finalmente, Claudia Rivera Vivanco sostuvo que la reforma permitirá a las autoridades aduaneras actuar con mayor objetividad mediante herramientas tecnológicas y revisiones automáticas de oficio, con el propósito de reducir los márgenes de discrecionalidad y proteger a quienes cumplen con sus obligaciones.
El documento fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
